Desaparecía así un centro que había sido en tiempos modélico gracias a los recursos especiales destinados a la comunidad escolar. Madres de alumnos que pertenecían a la Asociación de Vecinos, contaban que en la preparación de los carnavales ellas hacían los disfraces para todos los niños: payos y gitanos.
Finalmente un incidente, seguramente evitable llevó al cierre precipitado del centro, sin esperar a la terminación del curso. Educación trató de distribuir a los 13 niños pero tres hermanos no fueron admitidos en el colegio Zuazo. Ante la decisión del Departamento de admitir aquel “veto” los padres de los tres niños solicitaron su ingreso en el colegio concertado San Juan Bosco, regido por la orden religiosa de los Salesianos.
La AMPA del colegio San Juan Bosco, comprensiblemente, mostró su contrariedad al no comprender por qué Educación aceptaba el veto en otro centro y sin embargo admitía con tanta celeridad el ingreso en su colegio.
Los padres de los alumnos del centro concertado no esperaron para manifestar su oposición negando que su actitud fuese racista. "Es un problema social, -decían- debido al comportamiento problemático de la familia [de los niños] con la sociedad" y mostraban su temor a “que el colegio acabe siendo un gueto". Sin embargo, tanto la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Barakaldo aseguraron que las familias estaban “perfectamente integradas en el pueblo y que no presentaban ningún problema especial".
La postura de los padres se fue radicalizando: "Si ellos entran, nuestros hijos no irán a clase".Y así fue. Los alumnos del colegio religioso no se incorporaron a clase, tras el periodo vacacional con los consiguientes problemas. Los profesores, por el contrario, aceptaron la decisión del Departamento de Educación y se mostraron dispuestos, a dar clase a los niños "sin distinciones".
Las razones y compromisos de las distintas Instituciones no convencieron a los padres y madres del colegio concertado San Juan Bosco y en las protestas sumaron la presencia de sus hijos; giro que hizo saltaran todas las alarmas.
He querido destacar hasta ahora la condición de centro concentrado y perteneciente a la orden de los Salesianos, con la intención de resaltar la falta de compromiso de la dirección del centro con los postulados de San Juan Bosco. Su actitud callada, demostraba que estaba muy lejos de los más desfavorecidos, según su ideario y, sobre todo, que incumplían el requisito básico de centro concertado: garantizar el derecho a la educación.
El transcurso de los hechos fue sensibilizando a los grupos municipales y compartimos que se estaba agrediendo; al principio del derecho a la educación de los vecinos y suponía un retroceso en la integración de los niños gitanos. El Alcalde capitaneó todas las acciones de acuerdo con los grupos municipales y dispuso todos los recursos necesarios para mediar y aportar todo lo que hiciera falta para conseguir la normalidad. “El derecho a la educación es un derecho irrenunciable”.
La postura unánime en el Ayuntamiento consiguió que la Autoridad Educativa pusiera en conocimiento de la Fiscalía de Menores el caso, hecho que marco un antes y un después ya que significo la vuelta a la normalidad: los niños “payos” y “gitanos” compartieron las aulas y se educaron juntos, según su derecho.
Las raíces están echadas para que no vuelvan a ocurrir hechos como este y Barakaldo sea ejemplo de tolerancia e integración.
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